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Koha

En el año 1998 el escritor Amin Maalouf, premio Príncipe de Asturias de las
Letras, escribía que «todas las matanzas que se han producido en los últimos años, así como la mayoría de los conflictos sangrientos, tienen que ver
con complejos y antiquísimos contenciosos de identidad»1
. Aun cuando pueda parecer una afirmación excesivamente radical, lo cierto es que la cuestión
identitaria se ha situado en la primera línea de las agendas de seguridad.
Como ha señalado Luis Velasco: «A lo largo de las últimas décadas el estudio
de la asimilación de las identidades colectivas por parte de los miembros
de las sociedades, ya sea de manera individual o gregaria, se ha convertido
en un importante campo de estudio en todos los ámbitos de análisis de las
ciencias sociales: politólogos, antropólogos, psicólogos e historiadores han
identificado en el ámbito de creación de las identidades colectivas el origen
de un gran número de conflictos políticos y sociales»2
.
Aunque, como veremos, la presencia de las identidades y su impacto social
se ha incrementado notablemente con la globalización, su configuración, tal
y como hoy la entendemos, proviene de la modernidad, como ha señalado
Kaufmann «el proceso identitario está intrínsecamente ligado a la moder1 MAALOUF, A. Identidades asesinas. Madrid: Alianza editorial 2009, p. 44.
2 VELASCO MARTÍNEZ, L. «Identidades colectivas en el horizonte 2050 ¿Consenso o disenso? El ejemplo del servicio militar». En Documento de investigación 24/2018. Instituto
Español de Estudios Estratégicos. P. 8.
Fernando Amérigo Cuervo-Arango
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nidad occidental»3
. Es evidente que en los procesos de formación de los Estados, el poder político recurrió a la búsqueda de determinados elementos
religiosos, étnicos, lingüísticos, históricos y culturales que establecieran
una determinada cohesión social para configurar las llamadas identidades
nacionales. La presión, y en algunos casos discriminación, que producía la
protección de la identidad homogénea en los Estados nacionales sobre las
personas que no compartían esa identidad, condujo a la necesidad de proponer fórmulas jurídicas para la protección de las minorías. El concepto jurídico
de minorías se ha relacionado con las llamadas identidades fuertes. A través
de su configuración, reconocimiento y protección los individuos encontraron una fórmula jurídica que les permitía, no solo tener su propia identidad,
aunque no fuera la mayoritaria de la sociedad, sino además de compartirla
de forma solidaria con otras personas y preservar sus diferencias, pudiendo
ejercitarlas externamente e incluso conservándolas a través de la transmisión a las generaciones futuras. Su primer reconocimiento se produjo en los
años treinta del siglo xx a través de la Sociedad de Naciones. Posteriormente, para organizaciones internacionales como Naciones Unidas o el Consejo
de Europa el establecimiento de marcos normativos que regularan el respeto de las minorías (Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Resolución
AG 47/135 de 1992 / Convenio marco para la protección de las minorías
nacionales de 1995 del Consejo de Europa) se basó fundamentalmente en
encontrar construcciones jurídicas que permitan no solo lo anterior, es decir
respetar las diferencias de estos grupos en un plano de igualdad formal,
sino también de establecer criterios jurídicos que acerquen su tratamiento a
un modelo de igualdad material, lo que supuso comprometer a los Estados
en el establecimiento de las condiciones necesarias para ejercerlas, a través
de acciones positivas y políticas legislativas de reconocimiento. Por lo tanto,
su regulación y protección se ha dirigido a construir un sistema de convivencia pacífica en el seno de sociedades cada vez más plurales